El archivo de la causa penal que se ha seguido en el juzgado de instrucción de Boltaña (Huesca) contra el cazador que mató a la osa Sarousse durante una batida de jabalí en noviembre de 2020, al considerar que no hubo intencionalidad, deja en el aire algunas cuestiones.

Una de ellas es por qué el cazador tenía la emisora apagada, a pesar de que uno de los cazadores había avisado de la presencia de un oso en la cacería. Aunque no se trate de una ilegalidad, sí es una clara imprudencia que pone en duda la buena praxis de su acción de caza. Otro elemento que parece no haberse encontrado relevante son las manchas de sangre encontradas en la ladera por la que bajó el animal antes de llegar a la pista en donde fue abatida. Estas manchas fueron certificadas por los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón, y podrían indicar que el animal ya llegó herido al punto en el que, según la versión del cazador, se produjo el disparo mortal en defensa propia cuando la osa corría hacia él.

También cabe preguntarse por qué los cazadores tardaron más de dos horas en avisar a las autoridades una vez ocurrido el suceso, que si bien no es un argumento que redunde en la imprudencia de la conducta del cazador, refuerza las dudas acerca de cómo encontró la Guardia Civil el lugar de los hechos a su llegada.

Al margen de lo estrictamente procesal del caso, lo que resulta inadmisible es que en una zona osera los cazadores no hubieran sido informados por la administración sobre las precauciones a tomar, ni de cómo comportarse si apareciera un ejemplar. El propio auto judicial especifica que “no consta que se informara a los cazadores de la concreta situación de la osa, ni de las medidas a tomar ante su presencia en el lugar”. De igual forma resulta incomprensible que en una zona osera no hubiera ningún representante de la administración supervisando la cacería.

Es hora de que el Gobierno de Aragón deje de dar la espalda a la conservación de sus osos, porque conviene recordar que estas graves negligencias se producen en la única comunidad autónoma de entre las que cuentan con población de osos, que no dispone aún de plan de recuperación de la especie, a pesar de ser una obligación legal. El oso pardo es una especie prioritaria para la Unión Europea, y se encuentra catalogado En Peligro de Extinción por las leyes españolas, lo que obliga a la administración aragonesa a asumir las obligaciones de su conservación.

Osa Sarousse. Foto: Gobierno de Aragón