Tribuna de opinión publicada en el Diario Montañés relativa a la ola de incendios ocurrida en Cantabria.

Está firmada por la Fundación Naturaleza y Hombre, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y La Fundación Oso Pardo.

 

Guillermo Palomero. Fundación Oso Pardo.

Carlos Sánchez. Fundación Naturaleza y Hombre.

Gerardo Báguena. Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos

 

Cantabria ha vuelto a sufrir en los últimos días una nueva oleada de incendios que nos dejaron más de doscientos fuegos presuntamente intencionados y afectaron a la mitad de los municipios de la Comunidad, lo que ya de por sí resulta alarmante.

Pero, con todo, lo peor es que los datos dibujan una tendencia muy preocupante y reclaman el análisis urgente de lo que está pasando, especialmente por parte de la administración cántabra. No sin rubor se debe aceptar que nos encontremos a la cabeza de las regiones de la Unión Europea en número de incendios en relación con su superficie. Mientras que en todos los países del Sur de Europa y en todas las demás regiones de España se ha conseguido ir reduciendo la incidencia de los incendios, en Cantabria y Asturias no ha dejado de aumentar durante las últimas décadas tanto su número, como la superficie afectada por el fuego y la frecuencia de los grandes incendios (los que recorren más de 100 ha). De esta forma Cantabria, registra una media de 730 incendios al año, lo que nos da una idea de la magnitud del problema. ¿Por qué ocurre?

Los expertos en incendios forestales, y cualquiera que conozca nuestro medio rural, saben que quienes queman en Cantabria son gente del territorio que usan el fuego como herramienta para crear o mantener los pastos, o bien como espita y altavoz de sus quejas, justificadas o no, pero asociadas a la crisis sin precedentes que está sufriendo el mundo rural. Alguno de los incendios puede ser imputable a la acción de pirómanos (que, tal como define la RAE, son enfermos con una “tendencia patológica a la provocación de incendios” –sin una razón o a cambio de nada, podríamos añadir nosotros-), aunque las estadísticas oficiales les atribuyen un porcentaje de siniestros muy bajo.

Un rasgo distintivo de los incendios cantábricos es que muchos se producen en invierno o principio de primavera, una época a priori desfavorable al fuego, pero favorable para quemar el matorral con la intención de regenerar los pastos o ampliar la superficie pastable. Estas quemas pueden ser autorizadas y tienen que ser vigiladas para evitar que el fuego se descontrole. Pero algo no está funcionando bien para que la mayoría de las quemas se lleven a cabo con nocturnidad, sin permisos y sin vigilancia. Las quemas pasan entonces a ser ilegales e incontroladas, y pueden convertirse en un grave problema para la conservación de nuestra biodiversidad y para otras actividades de mucho interés como la apicultura.

Una medida muy recomendable sería fomentar los desbroces de matorral realizados de forma manual o mecanizada. Son una buena alternativa a las quemas prescritas allí donde la orografía del terreno permite realizarlos, y siempre que posteriormente vayan asociados a una adecuada carga ganadera. Es una medida que además puede generar empleo local.

Lo que bajo ningún concepto se puede admitir o justificar es el uso del fuego para protestar, aun comprendiendo que la gente del medio rural sufra escasez de infraestructuras y servicios o asista impotente al vaciamiento de sus pueblos, entre otros desasosiegos. Porque, con el denominador común de la sensación de abandono, se está creando una caja de Pandora en la que se enmarañan todo tipo de agravios percibidos, incluyendo a la fauna salvaje y el retraso en el pago de indemnizaciones. Las crisis sociales y/o económicas no son exclusivas de un sólo sector o grupo social, y asistiríamos a un caos si todos aquellos que se encuentran en problemas encauzaran sus protestas de una manera tan destructiva.

Durante décadas la política de lucha contra el fuego se ha basado casi exclusivamente en la mejora de los medios de extinción, y los esfuerzos en prevención han sido pocos. Sin embargo, tal como nos dicen los datos, esta política en la montaña cantábrica ha fracasado. Hay que apostar decididamente por las medidas de prevención; no sólo se trata de apagar bien el incendio sino de que éste no llegue a producirse. No hay que olvidar, además, que en prevención y también en investigación de los incendios, es esencial contar con una plantilla suficiente de Agentes del Medio Natural.

Creemos necesario que todos los incendios deben ser abordados y extinguidos independientemente del tipo de hábitat al que afecten. Ante oleadas de incendios como la de estos días, es evidente que se debe priorizar la extinción de los que amenacen directamente a las personas o sus bienes. Pero cuando esto no ocurre y los incendios afectan a determinados hábitats y, además de esto, se producen en zonas de elevada altitud y alejadas de zonas habitadas, es muy frecuente observar cómo no se interviene y permanecen activos durante varios días calcinando un elevado número de hectáreas, muchas veces en espacios de la Red Natura 2000 (la red europea de espacios naturales protegidos).

Abordar la complejidad de este escenario requiere una administración que entienda y atienda a los habitantes del medio rural, que demuestre su capacidad para el diálogo, pero que a la vez se enfrente de forma enérgica a aquellos que infringen la ley en beneficio propio o por pura inmoralidad. De otro modo, asistiremos un año sí y otro también a oleadas de incendios, a la pérdida de biodiversidad y al empeoramiento de la fractura social entre el medio rural y el urbano.

Por último, queremos hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana que entendemos decisiva para combatir con éxito esta lacra y la impunidad que la rodea. El encubrimiento del autor, mal entendido como silencio de vecindad, es un error muy caro que pagamos y sufrimos todos los cántabros.