La muerte la pasada semana de la hembra de quebrantahuesos Masía, mutilada por las aspas de un aerogenerador en el Maestrazgo de Teruel, ha puesto de manifiesto el impacto de la expansión descontrolada de la energía eólica sobre la biodiversidad en España.
Cuatro fundaciones de protección de la naturaleza (Fundación Global Nature, Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación Oso Pardo y Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos) alertan sobre la mortalidad masiva de fauna en parques eólicos, un problema del que solo se detecta la punta del iceberg.

Casi 9.000 aves fueron halladas muertas tras chocar con aerogeneradores en tan solo tres años (2020-2021-2022), según cifras aportadas por las comunidades autónomas ante una petición de información pública. Sin embargo, son datos incompletos: además de la dificultad de encontrar los cadáveres, algunas de las comunidades autónomas con más potencia eólica instalada (como Andalucía o Castilla y León), no cuentan con registros completos o no aportaron sus datos.

El impacto va al alza debido a la considerable expansión de explotaciones eólicas en España, muchas de ellas situadas en zonas de alto valor natural e, incluso, con perspectivas de instalarse en territorios protegidos por la Red Natura 2000 tal y como se propone en el Maestrazgo turolense. “Un hecho que podría incrementar sustancial y dramáticamente el número de aves muertas en los próximos años”, alertan desde las cuatro entidades.

Cumplir la protección de espacios naturales

Ante esta situación, las fundaciones reclaman que se prohíba explícitamente la instalación de parques de energía eólica en espacios de alto valor medioambiental. “Algo que no deja de ser, en realidad, el estricto cumplimiento de las medidas de protección con la que ya cuentan los espacios naturales protegidos (ENP), terrestres o marinos, que así constan en las distinta normativas autonómicas y estatales, incluyendo los que forman parte de la Red Natura 2000 o se encuentran en tramitación; además de sus áreas de influencia”, afirman.

Así mismo solicitan que se incorpore en el condicionado de las licencias de explotación la inclusión de radares y medidas preventivas que pueden reducir de forma notable la mortalidad de las aves.

Se trata de un problema muy superior al que se reconoce en las incompletas cifras oficiales. Según las estimaciones de distintos estudios avalados por la comunidad científica, el número de aves muertas por esta causa oscilaría entre 1.355.711 y 2.109.400 al año, considerando la potencia eólica instalada en 2021 (la actual es sustancialmente mayor).

“La eólica es una energía necesaria e imprescindible para realizar una transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, su desarrollo actual supone un impacto inasumible sobre la diversidad natural y animal que nos rodea. Más aún cuando existe tecnología preventiva que podría mitigar de forma extraordinaria este grave daño a la biodiversidad española”, explican desde estas fundaciones.

Para estas cuatro fundaciones, los que forman parte de la Red Natura 2000 no son los únicos espacios que deberían preservarse de la instalación de nuevos parques eólicos: también deberían protegerse aquellos amparados por convenios internacionales suscritos por España, los humedales que constan en el Inventario Nacional de Humedales, los hábitats que merezcan ser preservados, aquellas áreas críticas identificadas en los Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas y las zonas con potencial de afección de efecto barrera en corredores migratorios marinos.