Las diez ONG que integran el Programa Antídoto, entre ellas la FOP, consideran que las medidas aplicadas por las administraciones son insuficientes para frenar la proliferación de casos de uso ilegal de veneno en la naturaleza.

El Programa Antídoto, la plataforma de ONG creada a finales de los años noventa para afrontar la lucha contra los cebos envenenados, ha puesto en evidencia la insuficiencia, cuando no inhibición, de las comunidades autónomas para atajar una de las prácticas ilegales más destructivas para la biodiversidad española en las últimas décadas. Aunque se han producido significativos avances desde que hace más de quince años se crease el Programa Antídoto, todavía la implicación de las administraciones regionales es muy precaria para lograr el objetivo de erradicar la actual proliferación del veneno en el medio natural.

Así lo entienden los ONG que integran en esta plataforma, cuyos representantes se reunieron el pasado 18 de diciembre en Madrid para hacer balance del mayor o menor compromiso de las administraciones en la lucha contra esta actividad ilegal. En esta reunión se repasaron los episodios más graves de veneno acontecidos el año pasado, entre los que destaca por su gravedad y actualidad el ocurrido en Nambroca . En este término municipal, a finales del año pasado, moría víctima de los cebos envenenados una veintena de animales, entre ellos al menos cinco milanos reales, especie cuyas poblaciones nidificantes están declaradas «En peligro de extinción» en España.

Más de un mes después de conocerse este caso, el Programa Antídoto ha criticado a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha por su falta de reacción y transparencia, además de pedir a su titular, María Luisa Soriano, la adopción de medidas cautelares y recuperadoras urgentes, como la suspensión inmediata de la caza en el coto donde se produjo el envenenamiento.

Estos hechos coinciden con la reciente denuncia judicial presentada por la Sociedad Albacetense de Ornitología contra la Junta de Castilla-La Mancha por propiciar la caducidad de los expedientes sancionadores por veneno. Según esta ONG, solo entre 2011 y 2013 se han abierto más de treinta de estos expedientes por casos de envenenamiento en la provincia de Albacete, de los cuales únicamente dos han finalizado con sanción económica. De al menos doce expedientes con propuesta de resolución se desconoce su estado actual de tramitación o ejecución, a pesar de la insistencia de la SAO por conocer los hechos.

Desde el Programa Antídoto apoyamos la medida adoptada por la SAO y reconocemos el esfuerzo e interés de muchos agentes medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha contra el uso ilegal del veneno, trabajo que se ve frustrado al llegar a ciertos niveles administrativos en la Consejería de Agricultura, donde los procedimientos sancionadores se eternizan y llegan a caducar.

Repaso a los casos más graves

Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha es un ejemplo de que no son pocas las comunidades autónomas que siguen eludiendo su responsabilidad en la lucha contra los cebos envenenados. En su reciente reunión en Madrid, el Programa Antídoto analizó casos tan preocupantes como el ocurrido el pasado agosto en Valencia de las Torres , donde se localizaba envenenado el lince conocido como K2. Era uno de los ocho linces ibéricos reintroducidos el pasado año en Extremadura, en un intento de recuperar esta especie extinguida hace décadas en la región.

Meses antes, en marzo, el Seprona de la Guardia Civil encontraba envenenados un águila real, un aguilucho lagunero y cinco milanos reales en el municipio de Torres del Carrizal , lo que desembocó en la suspensión de la caza por un periodo de cuatro años en el coto donde se encontraron estos animales y los cebos envenenados.

Este paso positivo de la Junta de Castilla y León se vio contrarrestado por el reparto “legal” a los agricultores de veneno contra los topillos en siete comarcas de la región, promovido por su propia Consejería de Agricultura y Ganadería. El Proyecto Antídoto considera esta medida como desproporcionada e ineficaz, además de peligrosa, como lo indican las altas mortandades de fauna silvestre ocasionadas en anteriores repartos de veneno a los agricultores. También recuerda que la normativa vigente da prioridad a la lucha biológica y al manejo agronómico, más eficaces contra el topillo que el veneno.

Por su parte, la Junta de Andalucía informó en julio de que el envenenamiento de un perro dio lugar a un eficaz operativo en varios cotos de caza de las provincias de Málaga y Granada, que permitió el hallazgo de artes de caza prohibidas y una piel de oso, cuyo origen se está investigando. En Navarra se han conocido varios episodios de envenenamiento que han afectado a milanos negros y milanos reales, algunos de ellos en la misma zona del sur de esta comunidad autónoma donde se vienen conociendo otros casos al menos desde 2008.

Diez socios, un objetivo

Entre los casos más destacados de 2014 hay que citar también a Galicia, donde en abril el Seprona de Porriño y los Agentes del Servicio de Conservación de la Naturaleza realizaron un operativo en un coto de caza del término municipal de Mos. Esta acción permitió detener a dos personas que fueron imputadas como autores de reiterados envenenamientos que afectaron a la fauna silvestre y doméstica. En este operativo, como en otros a lo largo del año, fue de gran ayuda la intervención de la Patrulla Canina de la Guardia Civil, especializada en la detección de cebos envenenados, que se trasladó desde su base en Madrid.

En su reciente reunión, las diez ONG que forman el Programa Antídoto acordaron reforzar las acciones contra el uso ilegal del veneno e intensificar la coordinación entre ellas. Las ONG actualmente integradas en esta plataforma son AVAFES Canarias, Ecologistas en Acción, Fapas, Fondo para la Conservación del Buitre Negro , Fundación Oso Pardo, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, GREFA, SEO/BirdLife, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos y WWF/España.

Buitre envenenado en una zona osera